Reforma a la Ley Antilavado 2025: Claves para desarrolladores e inversionistas institucionales

El 16 de julio de 2025 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI). Esta actualización busca fortalecer la transparencia corporativa, robustecer las obligaciones de los sujetos obligados y mejorar la coordinación entre autoridades mexicanas en línea con las recomendaciones internacionales del GAFI.

A continuación, los principales cambios que impactan al sector inmobiliario, financiero y tecnológico:

1. Reducción del umbral del Beneficiario Controlador

La reforma establece la obligación de identificar a las personas que ejerzan el control efectivo de más del 25% del capital social, como beneficiarios controladores. Además, se agrega un nuevo Capítulo IV Bis que establece obligaciones adicionales para sociedades mercantiles, sean sujetos obligados en materia de PLD o no, incluyendo registro y avisos relacionados con beneficiarios controladores. Esto refuerza la trazabilidad y exige mayor transparencia en la estructura de propiedad de las empresas.

2. Nuevos supuestos para Actividades Vulnerables

• Se incorpora expresamente la recepción de recursos para el desarrollo inmobiliario como una actividad vulnerable independiente.

• Se actualizan los umbrales en UMAs para diversas actividades vulnerables, tales como compraventa de inmuebles, arrendamiento e intermediación, lo que obliga a desarrolladores, brokers y fiduciarias a revisar sus procesos de identificación y presentación de avisos.

3. Obligaciones para operaciones con activos virtuales

La fracción relativa a operaciones con activos virtuales (criptoactivos) se refuerza con obligaciones de:

• Obtener y conservar información del originante, receptor y beneficiario controlador.

• Reportar operaciones inusuales o relevantes a la UIF.

• Ajustar procedimientos internos conforme a reglas de carácter general.

  
  

Esto impacta a plataformas fintech, fondos de inversión digital y modelos basados en criptoactivos.

4. Mayor coordinación interinstitucional

La reforma robustece la colaboración entre la SHCP, la UIF y autoridades fiscales, previendo intercambio más ágil de información y mayor alineación entre cumplimiento fiscal y prevención de lavado de dinero. También se mandata la implementación de programas de capacitación interinstitucional.

5. Sanciones y obligaciones reforzadas

El nuevo marco incrementa las consecuencias por incumplimiento:

• Nuevas figuras sancionatorias, como la suspensión temporal de operaciones.

• Mayores rangos de multas y posibilidad de clausura.

Refuerzo de obligaciones operativas: auditorías independientes, monitoreo automatizado y constante, programas de capacitación anual, identificación reforzada de PEPs y designación formal de un Representante Encargado de Cumplimiento. Además de, llevar a cabo una evaluación con un enfoque basado en riesgos que permita: identificar, analizar, entender y mitigar el nivel de riesgo inherente a la operación, así como el de sus Clientes o Usuarios.

6. Financiamiento de desarrollos inmobiliarios a través de sociedades mercantiles

Cuando el financiamiento de proyectos inmobiliarios se realiza mediante aportaciones de capital a sociedades mercantiles, dichas operaciones pueden considerarse comprendidas en la nueva categoría de “recepción de recursos para el desarrollo inmobiliario”. En consecuencia, estos esquemas societarios quedan sujetos a las obligaciones de la LFPIORPI en los términos de la reforma, incluyendo identificación de clientes, reportes a la UIF y conservación de información.

La Reforma 2025 a la LFPIORPI requiere de atención prioritaria para el correcto cumplimiento de obligaciones. Requiere, en especial a desarrolladores inmobiliarios, fondos y operadores de activos virtuales fortalecer sus estructuras internas de cumplimiento, gobierno corporativo y debida diligencia. Prepararse implica revisar protocolos de KYC, estructuras societarias, contratos y sistemas de monitoreo para alinearse con las nuevas disposiciones.