Inteligencia artificial en el ámbito legal: Herramienta útil, no sustituto del criterio jurídico

El uso de inteligencia artificial (IA) en el ámbito jurídico se ha incrementado de forma notable en los últimos años. Desde consultas legales rápidas hasta la redacción automatizada de contratos, la IA se ha posicionado como una herramienta atractiva para despachos, empresas y usuarios particulares que buscan respuestas eficientes a sus inquietudes legales. Sin embargo, esta adopción acelerada también plantea riesgos importantes cuando se utiliza sin el conocimiento técnico adecuado.

Uno de los principales problemas de fondo es que la inteligencia artificial no discierne: procesa grandes volúmenes de datos, identifica patrones y responde de forma estructurada, pero no evalúa con criterios jurídicos si su respuesta es aplicable, vigente o correcta en el contexto de un caso específico. Además, suele responder con un sesgo orientado a confirmar o complacer las intenciones del usuario, lo cual puede generar una falsa sensación de certeza, especialmente en temas complejos o en los que hay matices normativos importantes.

Otro aspecto relevante es que las fuentes utilizadas por la IA pueden no estar actualizadas o ser poco confiables. La mayoría de estos modelos acceden a contenido público disponible en internet, sin distinguir entre una norma derogada, una jurisprudencia superada o una opinión contenida en un blog. Por esta razón, apoyarse exclusivamente en los resultados de la IA para tomar decisiones legales puede llevar a errores significativos y, en el peor de los casos, a consecuencias jurídicas adversas.

Por ello, es indispensable que el usuario cuente con un acervo de conocimiento legal suficiente para interpretar, cuestionar o validar lo que la IA le presenta. La capacidad de discernimiento es lo que transforma a la inteligencia artificial en una herramienta útil, y no en una fuente de riesgo. Utilizar adecuadamente esta tecnología requiere comprender su alcance, sus limitaciones y su carácter asistencial, no sustitutivo.

La inteligencia artificial es, sin duda, una herramienta extraordinaria que automatiza tareas, sistematiza información y mejora la eficiencia operativa. Pero como ocurre con toda tecnología, su valor real está determinado por la capacidad del operador que la utiliza. En el ámbito jurídico, eso significa contar con conocimientos técnicos, criterio profesional y un profundo respeto por las implicaciones que cada decisión puede tener.